Control Inteligente del Delito

ORDENAR

UNA AMéRICA LATINA
MáS INTELIgENTE Y SEgURA

Cualquier persona que revise los titulares periodísticos sobre América Latina y el Caribe encontrará, como una constante, notas que hablan sobre situaciones críticas asociadas a la violencia y el delito. Dichos titulares no son cosa menor. No obstante los avances económicos, sociales y democráticos, al repasar los últimos informes internacionales sobre inseguridad, violencia y delitos, la región aparece como la más insegura del mundo.

De la multiplicidad de indicadores para medir lo que sucede en la región, la presencia de altos índices de homicidios, en algunos casos con niveles epidémicos, ocupa un lugar protagónico. En términos continentales, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las Américas concentraron en 2012 el 36% del total de los homicidios intencionales en el mundo (UNODC, 2013: p. 11) con una tasa de 16.3 por cada 100,00 habitantes, casi tres veces la tasa mundial de 6.2. Los datos agregados dan pistas de una situación extraordinariamente alta en el número de víctimas, que a la hora de analizar por subregión y factores asociados, crea un mapa diversificado entre los países y al interior de los mismos. Mientras que Chile, Cuba, Argentina y Uruguay tienen tasas similares a las europeas, América Central es la subregión con mayor tasa de homicidios a nivel mundial: de un 8.5 en Costa Rica a un 90.4 en Honduras1.

En términos generales, y como sucede con la tendencia mundial según el UNODC, el rostro del homicidio en la región es uno joven. Más de la mitad de las víctimas mundiales de homicidio intencionado tenían menos de 30 años y un 8% fueron niños menores de 15 años. 1 de cada 7 jóvenes víctima a nivel mundial es del continente americano, pero en lo particular, la proporción de asesinatos de 15 a 29 años en América Central y del Sur, es cuatro veces superior a la media global para ese grupo de edad y representa alrededor del 43% del número total, donde cerca del 80 por ciento de las víctimas de homicidios y el 95 por ciento de los agresores, son hombres. Este punto diferencia aquéllos en que las víctimas son mujeres, donde casi el 15% derivan de violencia familiar, pero en el que son las mujeres las que mueren en casi el 70% de todos los casos.

Los dos factores que explican las altas tasas de homicidio en la región son la presencia de armas de fuego y los grupos delincuenciales, tanto pandillas como asociados a la delincuencia organizada. En nuestro continente, el 66% de todos los homicidios sucede con presencia de arma de fuego y el 30% del total, están relacionados con bandas o grupos criminales. A esto se suma que varios países de la región han sufrido conflictos armados recientemente, con impactos significativos sobre la situación de violencia no solamente en sus territorios, sino en algunos casos también en los países vecinos.

El deterioro de la seguridad no sólo está vinculado a la violencia letal sino también a otros delitos que aumentan la inseguridad de los ciudadanos, como lo son los delitos callejeros y otros asociados al crimen organizado. En los últimos 25 años, los robos casi se han triplicado, y también se observan aumentos significativos en secuestros y extorsiones2. En este contexto, no es de extrañar que la inseguridad y la violencia constituyan la principal preocupación ciudadana en los países de la región3.

Por otro lado, diversas manifestaciones de violencia, sea delictiva o no, permean las dinámicas relaciones entre individuos y comunidades, tanto en situaciones cotidianas como coyunturales, con una diversidad de impactos y costos que van desde la erosión del capital y cohesión sociales, hasta la ralentización del desarrollo y afectación a los procesos democráticos y de legitimidad estatal.

A ello se suman los costos directos e indirectos que tienen la inseguridad, la violencia y el delito en las personas y la economía regional. Aún sin cifras globales y actualizadas, un estudio del año 20004 sugiere que los costos totales estimados para América Latina oscilan alrededor del 5% del PIB, siempre con costos específicos5. Para México, dependiendo la fuente, oscila entre el 12.3% en pérdidas económicas por la violencia6 al 9.4% del PIB en 2013.

En este escenario, una parte significativa de los gobiernos en América Latina han basado sus estrategias de control del delito en enfoques reactivos, securitarios o “de mano dura”, sin que se haya logrado disminuir significativamente los índices de criminalidad y violencia. A pesar de los costos que también representa para los ciudadanos.

El estudio más reciente sobre los costos del sistema de seguridad pública y justicia penal7, una vez ajustadas las diferencias monetarias, refleja los contrastes en el gasto en policías, ministerios públicos, poder judicial y prisiones. Por ejemplo, tratándose de policías, el gasto promedio en la región fue de 51 dólares por habitante, donde Uruguay representa la menor inversión con 3.3 dólares frente a Colombia con 87.5 o Argentina con 86.7. Tratándose del Ministerio Público, el promedio general fue de 12 dólares, sobresaliendo nuevamente Colombia con un gasto de 23 en contraparte con Nicaragua que invierte 3.2, mientras que México lo hace a razón de 13.5 dólares. El sistema penitenciario refleja las mayores lagunas para lograr comparaciones, aunque en dicho rubro Chile es quien más invierte a razón de 35.7 dólares por habitante frente a Colombia (12.8) o Perú (5.7), si bien es importante destacar que depende en gran medida de la población carcelaria. Los poderes judiciales también muestran diferencias significativas que van desde un gasto promedio nacional de 142 dólares (Costa Rica) hasta 17.7 (República Dominicana), donde México invierte en promedio 41.7 dólares por habitante. Las cifras acumuladas en porcentaje del PIB, muestran que Colombia y América Central concentran entre el 7 y 10%, muy al contrario de Chile y Argentina (0.83 y 0.94%, respectivamente), sin datos disponibles para México8.

Si bien cada gobierno gasta de conformidad con criterios políticos nacionales, no es posible afirmar una correlación entre gasto público y costos directos e indirectos y disminución de los índices de criminalidad y violencia. De hecho, las tasas de impunidad son apabullantes por lo desalentadoras. Si se toma tan solo el homicidio y la tasa de condenas, en las Américas (incluyendo Canadá y Estados Unidos) sólo 24 de cada 100 casos de asesinatos terminan en sentencia mientras que en Asia son 48 y en Europa 81. A ello se suman las tasas de encarcelamiento, así como el uso de la prisión preventiva9. En 2012, en 16 países, según un reporte de la OEA, había 802,262 personas en prisión, de las cuales tan sólo en Brasil se encontraban recluidas 549,577. Aunque México no fue parte de dicha muestra, hasta agosto de 2013, en este país se encontraban 242,754 personas en reclusión.

La magnitud de los desafíos ha sido fundamental para que, hoy por hoy, los gobiernos de la región latinoamericana reconozcan la necesidad de adoptar enfoques integrales de seguridad y prevención de la violencia y el delito, con el objeto de ser más eficaces en el abordaje de la problemática.

En los últimos años, la prevención social de la violencia y el delito ya hace parte de la mayor parte de los gobiernos, tanto nacionales como locales, aunque también con importantes retos. Los avances son innegables, como queda constancia de la Reunión de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales generales de las Américas (REMJA) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y
el Programa EUROsociAL II, en su III Encuentro Internacional en Prevención del Delito denominado “Hacia la eficacia de las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina: el enfoque multisectorial y las políticas basadas en evidencia”, realizada en La Antigua, guatemala, del 7 al 10 de julio de 2014, en donde se discutieron las propuestas de marco conceptual y protocolo / modelo regional preparado por Proyectos Estratégicos Consultoría, documentos que identificaron la existencia de diferentes centros de responsabilidad al más alto nivel, presupuesto para la prevención, planes y políticas nacionales, estructuras para la implementación y un marco normativo que poco a poco se va consolidando. Sin embargo, aún quedan bastantes retos y problemas por resolver.

Control Inteligente del Delito aporta mucho en este contexto. Si bien la mayor parte de los ejemplos son tomados de la experiencia estadounidense, también resalta algunos programas de América Latina que ya son referencia internacional: desde la experiencia temprana de políticas de prevención en Bogotá hasta las estaciones de policía para mujeres en Brasil, el objetivo sigue siendo el mismo: reducir la violencia y evitar la victimización, no sólo porque es la mejor inversión, sino porque evita que existan más víctimas.

En Control Inteligente del Delito, el lector encontrará ejemplos concretos sobre cómo reducir la violencia y el delito, con los mejores resultados y a los menores costos, para que pueda utilizar dicho conocimiento en el proceso de consolidación de las políticas preventivas en América Latina. Está pensado tanto para el lector experto como aquél que se inicia en estos temas y quiere respuestas contundentes, así como para aquellas personas que toman las decisiones sobre qué hacer con la criminalidad.

En un escenario que se mira como adverso en la región, las soluciones deben ser claras y basadas en conocimiento. Ese es el objetivo de Control Inteligente del Delito, cuya traducción y edición en español se da gracias a los esfuerzos conjuntos entre el Instituto Nacional de Ciencias Penales y Proyectos Estratégicos Consultoría, instituciones ambas que demuestran una vez más su compromiso con la generación de respuestas a la violencia y al delito. Estas páginas se han visto beneficiadas con los esfuerzos y la dedicación de Rafael Estrada, Alfonso Mostalac y todo el equipo de PEC.

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Control Inteligente del Delito

1. Belice ubicó su tasa en 44.7; El Salvador con 41.2, guatemala con 39.9 y nicaragua con 11.3, por ejemplo.
2. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2013). Informe regional de desarrollo humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. Nueva York: UNDP.
3. Latinobarómetro (2013). Informe 2013. Santiago de Chile. visible en http://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_InFORME_LB_2013.pdf Recuperado el 16 de agosto de 2014.
4. Londoño, J.L. y guerrero R. (2000). violencia en América Latina: epidemiología y costos. En J.L. Londoño, et al, (eds), Asalto al desarrollo: violencia en América Latina, washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. visible en http://www. iadb.org/es/investigacion-y-datos/detalles-de-publicacion,3169.html?pub_id=r-375 Recuperado el 14 de agosto de 2014.

5. El Banco Interamericano de Desarrollo ha generado metodologías innovadoras para determinar cuánto le cuesta a los ciudadanos latinoamericanos los niveles de violencia por los que atraviesa la región. ver: Ana Corbacho, A., Scartascin, C. (2013) The Costs of Crime and violence in Latin America and the Caribbean. Interamerican Development Bank.
6. Londoño, J.L., et al, (eds), Asalto al desarrollo: violencia en América Latina, washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. visible en http://www.iadb. org/es/investigacion-y-datos/detalles-de-publicacion,3169.html?pub_id=r-375 Recuperado el 14 de agosto de 2014.
7. Obiuña Barbolla, S, Martín-vegue (2012). Estadísticas e Indicadores Armonizados de los Sistemas de Justicia América Latina. Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos. Cuarto Informe COMJIB. visible en http://www.comjib.org/sites/default/files/INFORME%202012.pdf, citado por CAF, 2014.
8. CAF (2014). Por una América Latina más Segura. Una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito. Colombia: CAF.
9. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013). Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. OEA/Ser.L/v/II. Doc. 46/13. washington: CIDH, OEA.

  • TRES LIBROS QUE:

    • Luchan contra el crimen mediante el uso de la ciencia para prevenirlo;
    • Detienen homicidios, violaciones, asaltos, robos y peleas entre pandillas;
    • Dan prioridad a las víctimas del delito garantizando los servicios y derechos;
    • Transforman lo que la policía y los jueces hacen por las víctimas;
    • Convence a los legisladores de proteger a los contribuyentes, gastando de manera inteligente.
  • ACERCA DEL AUTOR

    Irvin WallerIrvin Waller es profesor universitario y presidente de la Organización Internacional para Ayudar a las Victimas. Él ha ganado reconocimiento internacional por promover la prevención eficaz del delito en todo el mundo, así como fue pionero en la resolución de las Asamblea General de la ONU de adoptar la Carta Magna de las Víctimas de Delitos. Sus libros ayudan a los legisladores y los contribuyentes a comprender la ciencia de detener el delito y los derechos de las víctimas. Él enmarca las cuestiones para que los principales gobiernos realicen inversiones inteligentes en la prevención y los derechos de las víctimas. La traducción de Menos represión, Más seguridad en cuatro idiomas multiplicara estos éxitos.

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